La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) indicó este domingo que asignará personal para que se encargue de dar seguimiento a la ejecución de los fondos gubernamentales, señalando que además es deber de la población ser vigilantes en torno al uso de estos recursos.
El prinunciamiento del gremio se da ante los múltiples escándalos que han surgido en los últimos dos años relacionados con el despilfarro de fondos públicos, siendo el más reciente el caso de los elevados gastos de movilización por parte de alcaldes y representantes.
Los ciudadanos “han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla. La última bofetada en ese sentido la han dado los Gobiernos Locales, que, como parte de una estrategia absolutamente proselitista, utilizan fondos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos. La distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral, más aún tomando en cuenta que hay sectores productivos realizando ingentes esfuerzos para mantener los empleos y reactivar la economía”, cuestiona la CCIAP.
Por otro lado, enfatiza que la Contraloría General de la República tiene que cumplir con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a todos los fondos estatales y que no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros; asimismo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, sin tener que esperar a que exploten investigaciones periodísticas para reaccionar y actuar.
La CCIAP puntualiza señalando que la realidad financiera de Panamá, cuya deuda equivale al 65% del PIB, exigen racionalizar los gastos estatales favoreciendo inversiones que mejoren las perspectivas de futuro en lugar de comprometerlas.
“Más allá del aspecto financiero, el mal manejo de fondos públicos pervierte el tejido social y profundiza la falta de credibilidad en las instituciones, factores que a la postre podrían pasar facturas que ni el dinero podrá pagar”, indica.
Cabe mencionar que en los últimos días han surgido múltiples cuestionamientos en torno a los elevados montos de los gastos de movilización y representación de los alcaldes y representantes, incluso el presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló el pasado 17 de enero que quería que los alcaldes y representantes se equiparen el salario con lo que él gana.
El sueldo mensual del Presidente de Panamá es de B/.7,000.00 (B/.4,000.00 salario y B/.3,000.00 gastos), mientras que actualmente hay concejales y alcalde cuyos ingresos superan los B/.10,000.00.