El futuro de Cobre Panamá quedó ahora en manos del presidente José Raúl Mulino, después de recibir el informe de la Comisión Interministerial. El documento no autoriza la reapertura de la mina, sino que recomienda evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer condiciones para una eventual puesta en marcha orientada a un cierre ordenado.
¿Qué tendría que pasar para que Cobre Panamá vuelva a operar?
El primer paso sería una decisión del Ejecutivo sobre si avanza con esa recomendación y abre formalmente una negociación con Cobre Panamá/First Quantum. Cualquier solución tendría que respetar el fallo de la Corte Suprema y la Ley 407, mantener la rectoría del Estado sobre los recursos minerales, no generar costos para el Presupuesto General del Estado y contemplar transparencia y supervisión bajo estándares internacionales. Además, el informe plantea que los arbitrajes internacionales pendientes deberían terminar como condición de cualquier acuerdo.
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Una eventual puesta en marcha tampoco significaría regresar al modelo de explotación anterior. La Comisión propone que cualquier esquema tenga como objetivo un cierre ordenado, sin posibilidad de prórroga, con una fecha final definida, reducción progresiva de la huella territorial, financiamiento de los pasivos residuales y metas verificables para el cierre. La forma jurídica concreta que permitiría ejecutar un eventual acuerdo todavía no está definida y tendría que establecerse en los instrumentos que lleguen a negociarse.
Por ahora, por tanto, Cobre Panamá no ha sido autorizada a reanudar la extracción de mineral. El sitio continúa bajo el plan de preservación y supervisión ambiental del Estado. Aunque actualmente se procesa roca extraída antes de noviembre de 2023 —31.6 millones de toneladas estaban almacenadas y, al 30 de septiembre, se había procesado el 16%—, esa actividad fue autorizada principalmente como una medida de manejo ambiental y no constituye una reapertura. Mulino anunció que estudiará el informe junto con su gabinete y sus abogados antes de comunicar una decisión al país.
