La Defensoría del Pueblo comunicó que la comisión encargada de investigar supuestas esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas en la comunidad de Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro, no logró conversar con las supuestas víctimas.
La comunidad tampoco permitió el ingreso a funcionarios del Ministerio Público para las respectivas diligencias.
“No hemos podido determinar al menos una víctima”, dijo el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
En ese sentido, Leblanc hizo un llamado a las mujeres indígenas de la comunidad que sientan que su derecho humano fue vulnerado a acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, y a las personas que tengan conocimiento de las supuestas afectadas a presentar las pruebas ante el Ministerio Público.
La entidad aseguró que asumirá el costo de transporte, alojamiento y ultrasonido de las posibles víctimas de esterilizaciones forzadas.
De acuerdo con la Defensoría, un testigo de referencia que conversó con los oficiales de Derechos Humanos de la entidad mencionó que no confían en la Caja de Seguro Social (CSS) ni en el Ministerio de Salud (Minsa).
Leblanc dijo que este martes sostendrá un encuentro con la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, y en la semana con el director de la CSS, Enrique Lau.
Además, solicitó al Minsa y a la CSS en un plazo no mayor de 24 horas información relacionada con las supuestas intervenciones médicas.
Una comisión de la Defensoría viajó este lunes 21 de febrero hasta la comunidad de Charco La Pava, para ampliar las investigaciones de denuncias de supuestas esterilizaciones forzadas. Esto luego de que durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional la diputada suplente Walkiria Chandler reveló denuncias de supuestas esterilizaciones sin consentimiento que hicieron a mujeres de comunidades indígenas en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
El Defensor ha advertido que de confirmarse estos hechos se estaría violentando varias convenciones de las cuales Panamá es signatario.