La Defensoría del Pueblo junto al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), brindaron detalles este miércoles sobre los resultados de una inspección realizada en cuatro centros femeninos de rehabilitación, en los que se constató la existencia de hacinamiento, precarias condiciones de habitabilidad, y limitada atención de salud.
La Defensoría del Pueblo añade que además se detectaron espacios sanitarios en mal estado, quejas sobre la calidad del agua potable, y se constató que hay inexistencia de atención psiquiátrica y psicológica en los centros femeninos de rehabilitación, así como un limitado acceso a especialistas externos para las privadas de libertad con discapacidad psicosocial.
Detalla que el objetivo de la inspección “fue conocer la situación particular de las mujeres mayores de 60 años que presentan enfermedades crónicas o agudas y discapacidad física o psicosocial, que se encuentran internas en Nueva Esperanza de Colón, Algarrobos de Chiriquí, Llano Marín de Coclé y el conocido Cefere de ciudad capital”.
Frente a todos estos aspectos detectados, el defensor del Pueblo, Eduardo Lebrlan, señaló varias recomendaciones tales como la implementación de rebajas de pena y libertades condicionales, lo cual podría ayudar a una reducción significativa en la población penitenciaria.
Asimismo recomendó que los adultos mayores de 70 años podrían, dependiendo del tipo de delito, pagar su pena en arresto domiciliario o en libertad vigilada.
“El informe de la Defensoría del Pueblo refleja que es necesaria las adecuaciones para las féminas con movilidad reducida de tal forma se les permita la independencia y desarrollo integral. Además, se solicita la implementación de medidas alternativas al limitado acceso a programas y actividades de resocialización, fortalecer las atenciones de salud tanto física como mental de la mujer”, indicó la Defensoría del Pueblo.