La auditoría integral realizada al proyecto Cobre Panamá identificó riesgos ambientales que requieren medidas permanentes de seguimiento y control. Miguel Gutiérrez, consultor de SGS, explicó que entre los aspectos evaluados está la potencial generación de drenaje ácido, asociada a la presencia de sulfuros, el contacto con agua y aire y las características de una operación minera a cielo abierto.
¿Qué dijo SGS sobre el drenaje ácido en Cobre Panamá?
Gutiérrez explicó que la apertura del tajo incrementa la superficie de contacto y, por lo tanto, requiere controles rigurosos para atender la potencial generación de drenaje ácido.
Los informes de la auditoría habían identificado potencial de generación de drenaje ácido en material mineralizado expuesto. Entre las recomendaciones se incluyeron medidas de mitigación y seguimiento contempladas dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura.
Gutiérrez también sostuvo que la situación relacionada con la percolación de agua se encuentra bajo control y explicó que las operaciones de extracción de minerales implican riesgos que deben manejarse mediante sistemas de seguimiento y medidas específicas.
Auditoría de Cobre Panamá evaluó 370 compromisos
La auditoría integral elaborada por SGS contempló la revisión de 370 compromisos ambientales establecidos para el proyecto. El informe final reportó un nivel de cumplimiento global de 87.73% para el período evaluado de 2019 a 2023.
Gutiérrez señaló que ocho de los puntos revisados presentaron no conformidades y mencionó aspectos relacionados principalmente con reforestación y fauna.
Los resultados publicados de la auditoría también identificaron asuntos que requieren seguimiento en áreas como restauración ambiental, manejo de aguas, biodiversidad, seguridad y relación con las comunidades.
El consultor defendió además la metodología utilizada por SGS y aseguró que el proceso tuvo un fundamento científico y técnico. El informe final fue elaborado por SGS Panamá Control Services y presentado a MiAMBIENTE como parte del contrato para evaluar aspectos ambientales, legales, laborales, tributarios, operacionales y riesgos asociados al proyecto.