Este martes 13 de enero se lleva a cabo la segunda audiencia de autollamamiento a juicio por el delito de blanqueo de capitales, tras más de 10 años de investigaciones del Ministerio Público por presuntos sobornos recibidos por Panamá por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Caso Odebrecht: proyectos estales involucrados y esquema de sobornos
Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que entre los proyectos estatales vinculados al caso figuran el Saneamiento de la Bahía, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Cinta Costera III, la Avenida de los Poetas, la Autopista Madden–Colón, el proyecto de Patrimonio Histórico, la Renovación Urbana de Colón y diversos estudios de asesoría técnica.
Según la fiscalía, en algunos casos se realizaron estudios ficticios o inconclusos con el objetivo de canalizar pagos de sobornos. El esquema utilizado consistía en contratos denominados PF, caracterizados por la inexistencia de proyectos físicos y la falta de ejecución real. Asimismo, se identificaron procesos de sobrefacturación que, en algunos casos, triplicaron los costos originales de las obras.
Entre los hallazgos, se determinó el pago de ocho millones de dólares por la supuesta compra de acero destinado a adecuaciones en el Aeropuerto de Tocumen. De igual forma, se señaló un incremento del 15 % en el costo del acero utilizado en la Cinta Costera III.
Contratos ficticios y sociedades fachada
El Ministerio Público expuso que durante las negociaciones se utilizaron contratos ficticios, sociedades fachada y facturas falsas para el cobro de consultorías. Los pagos se efectuaban a través de la denominada “caja 2” o el sistema de operaciones estructuradas. Entre los años 2010 y 2014 se ordenaron pagos a favor de Panamá por un monto aproximado de 59 millones de dólares.
Por otro lado, entre 2009 y 2012 se acordaron pagos por seis millones de dólares dirigidos a familiares de un alto funcionario panameño, mediante órdenes de compra que fueron movilizadas a través de hasta cuatro cuentas bancarias, utilizando un sistema conocido como “Droisy”. En este mecanismo, los involucrados empleaban seudónimos para ocultar la identidad de los beneficiarios finales de la caja 2. Todos los pagos eran aprobados por Marcelo Odebrecht, entonces director ejecutivo de la Organización Odebrecht.
Los pagos internacionales estaban a cargo de Olivio Rodríguez, quien recibía una comisión del 2 % por estas operaciones destinadas a 12 países de la región. Las transacciones se originaban desde la banca de Andorra, y Panamá recibió montos que oscilaron entre uno, dos y hasta seis millones de dólares.
Sobornos y beneficios en proyectos estatales
El Ministerio Público sostuvo que los sobornos tenían como finalidad priorizar la participación de Odebrecht en proyectos estatales, así como agilizar pagos a favor de la empresa. También se indicó que parte de los fondos fueron utilizados para campañas políticas y servicios de asesoría destinados a dar apariencia de legalidad a estos pagos.
Los elementos presentados por la fiscalía Anticorrupción se sustentan en declaraciones de diversas personas y de un testigo protegido. Entre las conclusiones expuestas, se destacó la creación de un sistema de sociedades offshore para recibir los sobornos, con el objetivo de asegurar la aprobación y ejecución de proyectos millonarios en Panamá.
