La discusión sobre la reforma educativa en Panamá vuelve a tomar fuerza en un contexto donde el consenso ya no gira en torno a qué debe cambiarse, sino a cómo hacerlo de manera efectiva y sostenible. Así lo plantea Nivia Rossana Castrellón, de la Fundación Unidos por la Educación, al recordar el origen de la Ley 47 de 1946.
Una ley que transformó el acceso a la educación
Castrellón explicó que la Ley Orgánica de Educación reorganizó el sistema educativo con el propósito de enfrentar el alto nivel de analfabetismo que existía en el país, especialmente en las áreas rurales. Entre sus principales avances estuvo la educación obligatoria hasta sexto grado, una medida que permitió ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables de la población.
No obstante, la experta señala que, con el paso de los años, los cambios estructurales no han logrado el impacto esperado, pese a los numerosos intentos de modernización del sistema.
El desafío pendiente: pasar del diálogo a la acción
Según Castrellón, Panamá ha sostenido al menos 17 diálogos educativos, lo que evidencia que el problema no es la falta de diagnósticos, sino la ejecución. “Hemos fallado como sociedad en definir cómo y quién implementa las soluciones”, afirmó.
A su juicio, la reforma debe partir de un estudio técnico profundo, con enfoque ingenieril, que identifique las trabas administrativas y docentes. Esto permitiría evaluar la llegada de recursos a las escuelas, el uso del tiempo efectivo de clases y la gestión del personal educativo, elementos clave para lograr cambios reales y sostenibles en el sistema.