La compañía TP Ferro, concesionaria de la línea de alta velocidad entre Barcelona (noreste de España) y la localidad francesa de Perpiñan, presentó este viernes el concurso voluntario de acreedores, informó la sociedad.
TP Ferro, detentada al 50% por el grupo constructor español ACS y el francés Eiffage, ha tomado esta decisión tras "no haber sido posible alcanzar un acuerdo en un plazo de cuatro meses sobre la reestructuración de la deuda con los acreedores financieros y con los gobiernos" de España y Francia.
La compañía, que ya había presentado un preconcurso de acreedores en marzo pasado en el juzgado mercantil de Girona (Cataluña, noreste), asegura que "el concurso de acreedores no significa necesariamente el final de la actividad de la concesión".
La concesionaria asegura que sus accionistas (ACS y Eiffage) la han "dotado de los medios para continuar con la explotación de la sección internacional Figueres-Perpiñán en las mismas condiciones de alto nivel de seguridad, fluidez y regularidad que hasta la fecha" con la idea de iniciar un nuevo periodo para llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda.
Aunque el comunicado no detalla el monto de esta deuda, según los medios españoles ésta superaría los 400 millones de euros.
TP Ferro asegura que su objetivo, en el marco de este concurso de acreedores, es "alcanzar rápidamente un acuerdo con el conjunto de las partes implicadas en el proyecto sobre una solución definitiva respecto a la situación de precariedad actual y a la falta de sostenibilidad del modelo económico-financiero".
"El tráfico de la línea, y en consecuencia, los ingresos de los peajes que recibe TP Ferro, son netamente inferiores a las previsiones iniciales", afirmaba en mayo pasado Bertrand Mouly-Aigrot, especialista de transporte en la consultora Archery Strategy Consulting.
La concesionaria explicaba entonces sus dificultades por el hecho de que el tramo "Figueras-Perpiñán se puso en servicio en enero de 2009, dentro del plazo contractual, pero no se unió a la red española de alta velocidad hasta finales de diciembre de 2013".
"Este retraso, la debilidad de la oferta de trenes de viajeros propuesta por los operadores públicos históricos, muy inferior a lo comprometido, la ausencia de competencia, por falta de liberalización del sector, y la crisis económica, especialmente dura en España, afectan al equilibrio de la concesión, tal como estaba previsto al principio", añadió la empresa.
FUENTE: AFP