La creación de una comisión especial para que se investigue al presidente Ricardo Martinelli por la solicitud de intervenciones telefónicas, reveladas por WikiLeaks, fue gestionada ante la Asamblea Nacional, por parte de Carlos Ernesto González de La Lastra, presidente encargado del Partido Popular.
Según González de La Lastra, esta aseveración “no puede quedar en el aire”. Añadió que estas publicaciones podrían representar una violación al artículo 29 de la Constitución sobre la inviolabilidad de las conversaciones privadas, además del artículo 37 sobre la libertad de pensamiento y el artículo 1 sobre la soberanía de la Constitución.
El político sostuvo que también se debe comprobar que la “personalidad del Estado no ha sido afectada internacionalmente con la solicitud a gobiernos extranjeros que hagan grabaciones con equipos que están siendo utilizados contra el crimen a grabaciones de opositores políticos”.
En los cables divulgados por WikiLeaks, que fueron escritos por la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, revela que el presidente Martinelli solicitó la intervención telefónica de sus opositores.