El no cumplimiento en la entrega de la declaración jurada de bienes patrimoniales provocó la retención de pagos durante la segunda quincena del mes de marzo a funcionarios de manejo o por cargo, por parte de la Contraloría General de la República.
Esta medida es una ordenanza del artículo 304 de la Constitución y con la Ley No. 59 de 29 de Diciembre de 1999.
Edwin Raúl Herrera, secretario general de la Contraloría, informó que se retuvieron los pagos del personal del Órgano Judicial, Ministerio de Gobierno, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del IFARHU y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
El funcionario general no precisó cifras pero explicó que continuará con la programación establecida en el mes de mayo a las instituciones descentralizadas como: La Autoridad de Aeronáutica Civil, Cuerpo de Bomberos, Instituto Gorgas, entre otras.