La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) envió dos notas al ingeniero Roberto Roy, presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá en seguimiento a procesos que realiza la institución contra miembros de la directiva.
En una misiva fechada el 5 de febrero solicitan a Roy un informe de las asistencias a las reuniones de la Junta Directiva de los directores Henri M. Mizrachi y Nicolás Corcione, desde el año 2015 hasta el presente.
Esto en seguimiento a las diferentes notas dirigidas al presidente Juan Carlos Varela donde se solicita la remoción de Mizrachiy Corcione, debido a que mantienen, versus sus ejecutorias dentro de la directiva de la ACP.
La segunda nota del día de hoy tiene como objetivo informarle sobre una investigación que se realiza contra Lourdes Castillo, miembro de la directiva del Canal de Panamá por haber aceptado ser firmante e cuentas varias de sociedades anónimas relacionadas con la sociedad PELE SYSTEM INC, empresa que a su vez fue beneficiada con un contrato por parte de la Autoridad Marítima de Panamá.
El contrato era para promover un servicio de inspección a los barcos pertenecientes a la marina mercante panameña con un monto cercano a los B/. 22,180,355.40, que de acuerdo con una auditoría interna realizada por la entidad contratante existía un sobrecosto.
Sostienen que la sociedad Cliverstone Advisory Ltd de la cual Castillo es firmante recibió beneficios de hasta B/. 2,500,000.00 de la empresa PELE SYSTEM INC. De igual forma señalan que de la cuenta bancaria de Cliverstone Advisory Ltd., se generaron tres cheques por el monto de B/. 2,500,000.00 a favor de la Fundación Teresa Victoria Tercera, cuya representante legal es Yamileth De Lourdes Camarena Castillo, hija de la directiva de la ACP.
Ante esto la Antai hace referencia a la prohibición establecida en la Ley 19 de 1997 de que los miembros de la Junta Directiva celebren por si mismo o por interpuestas personas, contrato alguno con la ACP, con instituciones o empresas vinculadas con éstas.
Por esta razón y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 33 de 25 de abril del 2013 solicitan a Roy instruir el procedimiento administrativo correspondiente con la finalidad de verificar los hechos señalados que podrían resultar un atentado contra las normas penales enmarcadas en los Delitos Contra la Administración Pública, y piden ser informados de los resultados de las acciones a través informes dirigidos a la institución.
FUENTE: Ricardo Richards