El Contralor General de la República de Panamá, Gerardo Solís instruyó negar el pago en la compra de 7 mil mascarillas para uso del Órgano Legislativo hasta tanto se ajuste el precio de la adquisición.
A criterio de la Contraloría el precio de la adquisición “actualmente no es justo y razonable, a la vez que ordenaron correctivos administrativos para que la situación no se repita”.
Solís también citó al Director Nacional de Fiscalización y a la fiscalizadora de la Contraloría en la Asamblea Nacional a quien, luego de rendir su informe se le comunicó de la suspensión por tres días de sus funciones como sanción administrativa ante el manejo en la compra.
“La funcionaria, con más de 35 años de servicio en la Contraloría, se sintió sorprendida en su buena fe al tomar la decisión ante la presión de la urgencia necesaria para la seguridad de diputados y personal administrativo de la Asamblea Nacional”, indicó un comunicado .
La Contraloría General de la República “espera que esta sanción sea ejemplo para el resto de los fiscalizadores para mantenerse firmes en la salvaguarda de los recursos y bienes de la Nación y no sucumbir ante lo rutinario ni presiones de ningún funcionario u órgano del Estado”, puntualizó.
Por su parte, la Asamblea Nacional informó que cumplirá con lo establecido por la Contraloría General , en acatar la suspensión del pago de la compra de mascarillas, hasta tanto no se realice un ajuste en el precio.
De acuerdo con el hemiciclo legislativo “la compra efectuada se hizo a crédito y la institución cumplió con todos los procedimientos legales, con el fin de adquirir el producto y cumplir con los protocolos de seguridad recomendados por el Ministerio de salud (Minsa) para resguardar la salud y evitar el contagio de COVID-19 de nuestros colaboradores”.