La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, una decisión de alto impacto para el sistema portuario y la administración de bienes estratégicos del país.
El fallo guarda relación con las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas por la Contraloría General de la República contra el Contrato Ley y la prórroga otorgada a PPC durante la pasada administración.
Corte Suprema declara inconstitucional contrato
En abril de 2025, el contralor Anel Flores informó en conferencia de prensa que una auditoría practicada al contrato evidenció un perjuicio económico millonario para la República de Panamá.
Según explicó, durante el período de concesión, Panamá debió haber recibido 1,337 millones de dólares, sin embargo, el Estado solo percibió 483 millones de dólares, lo que representa una diferencia significativa en detrimento de las finanzas públicas.
Impacto en la concesión portuaria
La decisión de la Corte marca un precedente jurídico relevante en materia de contratos públicos, concesiones portuarias y control constitucional, y podría abrir la puerta a nuevas acciones legales, administrativas o contractuales relacionadas con la operación de los puertos.
Se espera que en los próximos días las autoridades competentes amplíen detalles sobre el alcance del fallo y los pasos a seguir tras la declaratoria de inconstitucionalidad.