Sin constatar aún si hay conflicto de intereses entre las partes, avanza la investigación interna por posibles faltas a la ética por parte de funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS). Así lo dio a conocer Kathia Quiel, directora de la Secretaría Técnica de Responsabilidad y Soporte Institucional.
"Hasta el momento Recursos Humanos de esa entidad no ha abierto ninguna acción disciplinaria. No hemos podido constatar conflicto de intereses entre las partes... las personas investigadas no tienen relación directa ni indirecta con la mesa conjunta que está conformada por el Ministerio de Salud, la CSS, la Contraloría, y liderada por la Dirección General de Contrataciones Públicas", precisó Quiel tras mencionar que pese a esto, las investigaciones no han concluido.
Según detalla Ana Patricia Cuestas, directora Nacional de Compras de la CSS, todas las participaciones de esta empresa se dieron en el 2020, y en el momento en que se realizó la licitación la empresa tenía otra junta directiva, distinta a la que hacen referencia actualmente.
Añadieron que Iván Israel Ibarra Soto, quien fungió como funcionario de la entidad desde el 2007, solicitó en enero de 2020 una licencia sin sueldo por un año, la cual le fue concedida en el mes de febrero. Posteriormente, el 21 de julio de 2020, el funcionario presentó su renuncia al cargo de Planificador y Gestor de Capacitación.
El otro funcionario involucrado, labora en la institución del 1987 a la actualidad. Es médico especialista 1, labora en el servicio de cirugías general en el Irma de Lourdes Tzanetatos, y no cuenta tampoco con injerencia directa para la toma de decisiones.
Las autoridades de la CSS indicaron que se le entregará un informe detallado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Tras este hallazgo la entidad pide a todos sus colaboradores cumplir con lo establecido en el Manual de Ética y Conducta de la entidad, el Decreto 246 de 15 diciembre de 2004, el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el Código de Ética en la Contratación Pública.
"De arrojarse alguna situación de trafico de influencias o conflicto de intereses, lo remitiremos a las autoridades competentes", concluyó Roberto Crespo Lezcano, director Ejecutivo Nacional de Recursos Humanos.