El futuro del proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, continúa en discusión luego de una segunda reunión entre representantes del Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, gremios de jubilados y el sector privado.
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La mesa busca encontrar una fórmula que permita mantener o mejorar los beneficios para los adultos mayores, especialmente aquellos con menores ingresos, sin generar un impacto que las micro y pequeñas empresas no puedan asumir.
¿Qué se está discutiendo sobre la Ley 226?
Durante esta segunda reunión se analizaron alternativas para ajustar o reemplazar parte del esquema de descuentos contemplado en el proyecto.
Uno de los puntos planteados fue revisar algunos beneficios relacionados con turismo y hotelería, debido a que los participantes consideraron que estos servicios no necesariamente representan las necesidades prioritarias de los adultos mayores con menores recursos.
También se discutió la posibilidad de priorizar descuentos en servicios y productos considerados de mayor utilidad para los jubilados.
¿Qué descuentos podrían ser considerados prioritarios?
Entre los servicios y productos mencionados durante la reunión están:
- Energía eléctrica.
- Transporte público.
- Telefonía fija y celular.
- Servicios de salud.
- Pañales para adultos mayores.
- Sillas de ruedas.
- Andaderas.
La discusión todavía no significa que estos cambios hayan sido aprobados. Se trata de alternativas planteadas durante el proceso de diálogo.
¿Qué pasará ahora con el proyecto de Ley 226?
Por ahora, no se ha anunciado una decisión definitiva sobre el texto aprobado por la Asamblea Nacional.
Las partes continúan evaluando qué beneficios podrían mantenerse, cuáles deberían modificarse y qué mecanismo permitiría ampliar la protección a los adultos mayores sin trasladar una carga considerada excesiva a las micro y pequeñas empresas.
El proceso de diálogo fue iniciado por Mulino después de una primera reunión celebrada el 9 de septiembre. En esa ocasión, el Gobierno, jubilados y representantes empresariales acordaron continuar las conversaciones para buscar alternativas al proyecto.
La decisión final sobre el proyecto corresponde al Ejecutivo dentro del procedimiento constitucional aplicable. Según reportes posteriores a la segunda reunión, los participantes esperan continuar las conversaciones antes de que se defina el futuro de la iniciativa.
