El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que el Gobierno de Panamá estudiará la posibilidad de establecer una operación limitada de Cobre Panamá que permita garantizar el cierre definitivo de la mina, sin posibilidad de prórroga. La propuesta forma parte de las alternativas que se evaluarán durante las conversaciones anunciadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, con Minera Panamá.
Contenido de interés: Alcalde de Omar Torrijos respalda diálogo con Minera Panamá: "Es lo más correcto"
¿Cuándo comenzarían las conversaciones con Minera Panamá?
El ministro informó que los equipos interministeriales trabajan de manera coordinada para organizar una primera reunión con representantes de la empresa, que podría realizarse durante los primeros días de la próxima semana, incluso el lunes 23 de noviembre de 2026.
Moltó señaló que el proceso estará sujeto a los cinco principios establecidos por Mulino: propiedad nacional de los recursos minerales, beneficio económico para Panamá, soberanía, protección ambiental y cumplimiento de la Constitución y las leyes.
También indicó que el Gobierno buscará asesoría de expertos internacionales, incluidos especialistas de Chile y Perú, países con experiencia en la actividad minera. Añadió que las comunidades cercanas al proyecto y la ciudadanía tendrán participación en el proceso.
Gobierno exige cierre de arbitrajes por más de B/.27,000 millones
Entre las condiciones que deberán abordarse, Moltó destacó la terminación de los procesos arbitrales contra Panamá, que, según indicó, representan reclamaciones por más de B/.27,000 millones.
El ministro también se refirió al impacto económico que atribuye al cese de operaciones de la mina. Según sus declaraciones, se perdieron más de 7,000 empleos directos y alrededor de 40,000 puestos de trabajo, al sumar los directos e indirectos.
Además, mencionó las afectaciones a proveedores, comercios y pequeñas y medianas empresas vinculadas con la actividad minera, particularmente en las comunidades cercanas al proyecto.
Moltó reiteró que un eventual acuerdo no constituirá una nueva concesión minera y que la figura jurídica se definirá y divulgará únicamente si las conversaciones llegan a un entendimiento, siempre dentro del marco constitucional y legal panameño.