El 18 de febrero empezará a regir la Ley de Conflictos de Intereses, cuya función es establecer que funcionarios como el presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema, el procurador general de la nación, el procurador general de la administración, magistrados del Tribunal Electoral, diputados, jefes diplomáticos, entre otros puestos de altos cargos del Estado, llenen una declaración jurada de intereses que muestre los vínculos o relacionaes comerciales que puedan tener con empresas contratadas para gestionar obras públicas.
Según el diputado Gabriel Silva, todos los funcionarios públicos deben llenar un formulario anual reportando sus intereses, empresas, acciones, fundaciones y contratos que hayan tenido a la Autoridad de Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), que figurará como el ente encargado de elaborar informes y ejecutar las funciones de cumplimiento de las obligaciones, entre otras acciones.
Para las figuras de altos cargos que incumplan las normas, se les sancionarán con multas desde los mil hasta los 5 mil balboas y amonestaciones que se presentarán en el expediente del servidor público.
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El 2 de agosto del 2022, en el pleno de la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron en tercer debate el Proyecto de Ley 329. Más tarde, el 18 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo, la convierte en la Ley 316.