El abogado Rogelio Cruz, miembro del equipo defensor del expresidente Ricardo Martinelli aseguró este jueves que la investigación se ha estancado y no es por culpa de la defensa técnica.
“La defensa está preparada para hacer su trabajo, la advertencia de inconstitucionalidad fue presentada por el magistrado fiscal, eso fue lo que detuvo la investigación, que ya estaba por concluir. Quien ha estancado la investigación es el magistrado, no la defensa” sentenció Cruz durante una entrevista en el noticiero de RPC Radio.
El abogado hace referencia a la advertencia de inconstitucionalidad al artículo 491 A del Código Procesal Penal (CPP), que presentó el magistrado Oydén Ortega, quien actúa como fiscal en la investigación de la compra de comida deshidratada que empezó este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al ex mandatario Martinelli.
De acuerdo con Cruz, todo depende de la decisión que tome la Corte para definir si es o no inconstitucional este artículo que establece el plazo de dos meses para que un diputado pueda ser investigado, cláusula conocida como “blindaje”. Además establece la posibilidad de que la Asamblea Nacional tome antes una decisión al respecto de la llamada "Ley blindaje".
Sin embargo, el abogado considera que si se declara este plazo inconstitucional, también deben considerarse inconstitucionales los plazos para investigar al Presidente de la República y a los magistrados. “Si un plazo es inconstitucional, lo serán los demás plazos”, aseguró.
A pesar de la espera por definir la advertencia de inconstitucionalidad, Cruz expresó que para la defensa del expresidente hay otros elementos más importantes que la “Ley blindaje”, y que fue el grupo de abogados que insistió en que el CPP no aplicaba para investigar al ex mandatario, sino el Código Judicial, porque los hechos que se investigan ocurrieron antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el magistrado Jerónimo Mejía dijo en la primera audiencia de control que la causal de nulidad presentada por la defensa debía resolverse en una etapa intermedia.
Desde el pasado 2 de julio, tras realizarse una audiencia, la CSJ suspendió la investigación por compra de comida deshidratada hasta que se resuelva una advertencia de inconstitucionalidad presentada por el magistrado fiscal de la causa, Oydén Ortega.