La expresidenta argentina Cristina Fernández y el jefe de la policía federal mantuvieron el lunes un cruce verbal sobre el supuesto uso de tóxicos durante el allanamiento a una propiedad de la también senadora por una causa judicial en la que está acusada de liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios.
El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, negó el uso de un “tóxico de contacto” durante la inspección realizada la semana pasada a un departamento de Fernández (2007-2015) en Buenos Aires que, según el relato de un arrepentido en la investigación del juez Claudio Bonadío, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener obras públicas.
"No se usó ningún tipo de químico... No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", señaló Roncaglia al canal de cable Todo Noticias. “El personal que actuó es súper profesional... nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme al derecho”, agregó.
Fernández, de 65 años, había difundido previamente un comunicado en las redes sociales firmado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que denunció que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado "sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar".
El letrado indicó que por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató “que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto".
El abogado indicó que su representada no ha podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras supuestas irregularidades, como que se le impidió controlar el allanamiento como abogado defensor.
Además del departamento de la capital argentina, fueron revisadas en los últimos días otras dos propiedades de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz.
Por su condición de legisladora el juez Bonadío tuvo que obtener la autorización del Senado para allanar las tres propiedades bajo la sospecha de que en esos lugares la exmandataria podría haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos.
Fernández puede ser investigada y juzgada pero no detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Aunque los críticos de la exmandataria afirman que los allanamientos a esta altura resultan inútiles, la justicia cree que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrían sido depositados bolsos con dinero.
Fernández -la dirigente opositora con más apoyo en las encuestas- ha negado ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder al presidente Mauricio Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado.
La senadora ha puesto en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que -según versiones de la prensa con acceso a la causa judicial- confesaron el pago de sobornos y afirmaron que Fernández estaba al tanto y que parte del dinero recaudado era enviado a la provincia de Santa Cruz.
La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, en los que ese empleado registró los días y horarios en los que empresarios habrían pagado sobornos durante las presidencias de los Kirchner. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también están la casa de gobierno nacional y la residencia presidencial.
FUENTE: AP