El exsecretario de inteligencia de Ecuador, Pablo Romero, extraditado desde España, arribó este viernes a Quito donde deberá responder ante la justicia por el supuesto secuestro de un opositor durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa, también implicado en el caso.
Romero, antiguo director de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador durante el mandato de Correa (2007-2017), llegó a la capital ecuatoriana alrededor de las 16H40 (22H40 GMT), informó en una rueda de prensa el teniente coronel Patricio Uzcátegui, jefe de la Interpol en Ecuador.
"Debemos verificar las condiciones de salud del ciudadano detenido" antes de llevarlo a una prisión, precisó Uzcátegui.
Romero, acusado de participar en el fugaz secuestro en 2012 del exasambleísta opositor Fernando, Balda en Bogotá, fue detenido el martes por la policía española.
En enero, las autoridades de ese país encargadas de los procesos de extradición dieron luz verde a su entrega que, posteriormente, fue ratificada por el gobierno español.
En 2018, Romero ya había sido detenido por la policía atendiendo esta orden de extradición, pero entonces la justicia española lo dejó en libertad a la espera de resolver su entrega.
El caso por el que fue extraditado Romero también salpica al exmandatario Correa, quien niega su participación en el presunto secuestro y considera el juicio una persecución de su exaliado y sucesor, Lenín Moreno.
Balda acusa a Correa de ordenar su secuestro en Bogotá, donde cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil. La policía colombiana interceptó el vehículo y logró rescatarlo poco después del hecho.
Correa, quien vive en Bélgica -de donde proviene su esposa-, no puede ser juzgado en ausencia por el secuestro de su opositor. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana solicitó una orden de difusión roja con fines de extradición contra el exmandatario, pero la Interpol rechazó el pedido en diciembre de 2018.
El expresidente también enfrenta un juicio por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado. Por este último caso, el exmandatario está siendo juzgado en ausencia y podría recibir una pena de hasta tres años de cárcel.