A las 12:52 de este miércoles, el magistrado Jerónimo Mejía declaró un receso en la audiencia por el caso de comida deshidratada seguido al expresidente Ricardo Martinelli, hasta el martes 8 de marzo a las 2:00 p.m.
Mejía quien actúa como Juez de Garantías en este caso, explicó que todavía queda información por describir por parte del abogado Sidney Sittón quien sustenta nulidades en la que habría incurrido el fiscal y por tanto, ordenó un plazo hasta el viernes a las 12:00 m.d. para que el resto de la documentación que mantiene el abogado se envíe por escrito a la Oficina Judicial.
A su vez el fiscal Ortega deberá responder por escrito a los argumentos de Sittón, a más tardar el lunes.
Esto, para que el martes el Juez exprese su decisión sobre las peticiones de ambas partes y se espera que también trate otra petición de la defensa en relación a una queja sobre la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) que según la defensa se ha negado a proveerles infomación en este proceso.
El magistrado Juez aseguró que la defensa y el magistrado Fiscal llegaron a un acuerdo sobre la forma en que concluirá la descripción de las solicitudes de información de cuentas involucradas en las diligencias hechas en junio de 2015, y las cuales según Sittón no contaron con autorización del Juez.
Desde las 9:00 a.m. de este miércoles comenzó esta nueva audiencia. Ésta se realizó a petición de la defensa del exmandatario y se llevó a cabo en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia en la CSJ.
La defensa, encabezada por el abogado Sidney Sittón sustentó nulidades en diligencias bancarias que realizó el magistrado fiscal, Oydén Ortega dentro de este proceso.
Sittón expuso una serie de cartas que dirigió el magistrado fiscal a gerentes de bancos a nivel nacional, para conocer información de más de 50 cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas, inscritas en una decena de bancos.
"La audiencia de hoy reviste importancia por la decisión que se tome sobre el sistema bancario que es pieza angular de nuestra economía" manifestó el abogado defensor de Martinelli.
"No hay resolución que los motive, todos los oficios que hizo el magistrado fiscal, los hizo sin ningún tipo de autorización", expresó.
El abogado citó jurisprudencia y asegura que las diligencias de Ortega violan artículos del Código Procesal Penal, entre éstos 199 y 307 que establecen nulidades y la autorización de un juez para la entrega de documentos que puedan servir como pruebas. Además hizo mención del artículo 29 de la Constitución que establece la inviolabilidad en la correspondencia y documentos privados
Los bancos y cuentas mencionadas
Después de una hora desde que el abogado dio lectura y descripción de las cartas que envió el fiscal pidiendo información, el magistrado Juez de Garantías, Jerónimo Mejía ordenó un receso a las 11:16 a.m.
Para las 11:40 a.m., la audiencia se retomó para que el defensor del expresidente continuara con la lectura del extenso documento, que también contenía respuestas que brindaron algunos de los bancos a las solicitudes hechas por el fiscal, la mayoría realizadas en junio de 2015. Entre los bancos que mencionó y que dieron respuestas están, Banco General, Balboa Bank & Trust, Banesco, entre otros.
De acuerdo con las cartas leídas, el fiscal Ortega solicitó información y perfil bancario de Lerkshore International Limited así como de terceras personas, entre ellos de Ángel Famiglietti Russo, Rubén De Ycaza, ambos nombres mencionados en las investigaciones relacionadas con el Caso PAN y comida deshidratada.
Esta es la segunda audiencia que realiza la CSJ sobre este caso en el 2016. La investigación que estuvo suspendida desde el 2 de julio de 2015 mientras se definía una advertencia de inconstitucionalidad sobre el artículo 491-A del Código Procesal Penal y que fue resuelta en noviembre, fue retomada el pasado 27 de enero.
El 28 de enero de 2015, el pleno de la CSJ admitió la causa penal del exmandatario después de recibir compulsas de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto peculado de 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
FUENTE: Irma Rodríguez Reyes