Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406, la cual aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, el director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), Zorel Morales, manifestó su preocupación por la legalidad de la Ley 407, que prohíbe la minería metálica en el país.
Morales calificó la Ley 407 como "totalmente inconstitucional", argumentando que impide al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) otorgar nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos, además de establecer una moratoria indefinida y eliminar todas las solicitudes y concesiones previas.
En cuanto al fallo de la Corte Suprema, Morales subrayó que este anuló el contrato, no la minería en sí misma, y sugirió que esta interpretación puede verificarse en la parte resolutiva de la sentencia.
Auditoría ambiental pendiente tras decisión de la Corte Suprema
El representante de CAMIPA también abordó el tema de la auditoría ambiental a la mina Cobre Panamá, indicando que aún no se ha realizado, aunque "todo está listo para que comience". Morales recordó que esta auditoría formaba parte del cronograma de cierre ordenado planteado por el gobierno anterior, pero que "nunca se hizo nada" al respecto.
Según explicó, la auditoría integral tendría una duración de entre tres y cuatro meses e incluiría un análisis detallado de aspectos como la contaminación de aguas y el cumplimiento de las normativas ambientales. Los resultados, dijo, serían clave para tomar decisiones sobre el futuro de la mina, tanto en materia ambiental como socioeconómica.
Morales agregó que el estudio de impacto ambiental de la mina se ha mantenido actualizado, con la entrega de dos informes de seguimiento anuales, tal como exige la legislación ambiental panameña y estándares internacionales.
Operaciones detenidas, pero mantenimiento continúa
Respecto al estado actual de la mina, Morales aclaró que no está operando y que solo se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento de equipos para evitar su deterioro. Asimismo, aseguró que los planes de conservación ambiental siguen en marcha, a pesar del cierre de operaciones.
El director destacó que la mina tenía el compromiso de conservar 215 mil hectáreas en las áreas protegidas de Donoso, Santa Fe y Humberto Rijos, como parte del plan ambiental, y lamentó que estos esfuerzos se hayan visto afectados por el cierre.