Dos diputados de la disidencia sandinista de Nicaragua presentaron este viernes un recurso de amparo contra la decisión del presidente Daniel Ortega de reformar la ley de violencia contra las mujeres mediante decreto, por considerar que es una usurpación de las funciones del Congreso.
"Con su actuación arbitraria y autoritaria, el titular del ejecutivo violentó" el artículo 130 de la Constitución que establece que "ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes", señala el escrito presentado por los diputados del opositor Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, centroizquierda).
El recurso fue introducido por los diputados del MRS Enrique Sáenz y Víctor Tinoco, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Según el MRS, el pasado 31 de julio, Ortega publicó la reglamentación de la ley de violencia contra las mujeres después del plazo legal de 60 días permitido.
El mandatario decidió, además, reformar la definición del delito de femicidio, al establecer que el mismo deberá ser aplicado únicamente cuando ocurran en el ámbito de las relaciones de pareja.
La disposición modificó el texto aprobado por el Congreso, que establece que "comete femicidio el hombre que, en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado", dijeron los diputados opositores.
En la reglamentación, Ortega dispuso además que los casos de violencia intrafamiliar sean evaluados primero por las Consejerías familiares que se crearán en los barrios, antes de denunciarlos ante la policía.
Ortega "violentó la jerarquía de las leyes y normas jurídicas, violentó el orden constitucional e invadió funciones privativas, exclusivas e indelegables de la Asamblea Nacional", criticaron los diputados del MRS.
Si Ortega quería cambiar la ley "debió haber hecho uso de la aplanadora legislativa oficialista" que tiene en el Parlamento, agregaron.
Ortega reformó la ley tras las manifestaciones que encabezaron los grupos feministas para denunciar un supuesto incremento de femicidios en el país.
De acuerdo con la legislación local, el Ejecutivo debe reglamentar las leyes en un plazo no mayor de 60 días después de su publicación, caso contrario la facultad es asumida por el Legislativo.
La ley de violencia contra las mujeres entró en vigor en junio de 2012 y un año después el Parlamento la reformó parcialmente para permitir a los jueces pactar arreglos entre la víctima y el victimario cuando los delitos son menores.
FUENTE: AFP