Publicar fotografías, videos o nombres de personas que mantienen deudas pendientes y señalarlas públicamente como estafadoras podría tener consecuencias legales en Panamá. La Procuraduría General de la Nación (PGN) advirtió que utilizar las redes sociales para realizar acusaciones sin fundamento puede constituir un delito contra el honor.
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¿Qué pasa si publicas la foto de alguien que te debe dinero?
De acuerdo con la advertencia del Ministerio Público, divulgar fotografías, videos o nombres de una persona para acusarla públicamente de cometer un delito puede generar responsabilidades legales, dependiendo del contenido de la publicación y de las circunstancias del caso.
En Panamá, el Código Penal contempla los delitos de injuria y calumnia, relacionados con las ofensas contra la honra y la atribución falsa de hechos delictivos.
Cuando estas conductas se cometen mediante redes sociales u otros sistemas informáticos, las sanciones pueden incluir penas de prisión o su equivalente en días-multa.
¿Cuáles son las penas por injuria y calumnia en redes sociales?
El artículo 195 del Código Penal panameño establece sanciones para estos delitos cuando se cometen a través de medios de comunicación o sistemas informáticos:
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Injuria: prisión de seis a doce meses o su equivalente en días-multa.
Calumnia: prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente en días-multa.
La aplicación de estas sanciones depende de que se acrediten los elementos del delito y exista una decisión judicial.
¿Una persona que no paga una deuda es una estafadora?
La Procuraduría recordó que incumplir una obligación de pago no significa automáticamente que se haya cometido una estafa.
Por esta razón, llamar públicamente "estafadora" a una persona únicamente porque mantiene una deuda puede generar consecuencias legales si se le atribuye falsamente la comisión de un delito.
El Ministerio Público recomendó recurrir a las vías legales para reclamar el dinero, en lugar de exponer a las personas en redes sociales mediante publicaciones que puedan afectar su reputación.
La institución reiteró la importancia de informarse antes de realizar acusaciones públicas y evitar que un conflicto por una deuda se convierta en un problema penal.